La justicia federal de Mar del Plata dispuso una medida cautelar que obliga a las autoridades sanitarias a solicitar una orden médica emitida por un pediatra antes de proceder a vacunar con dosis de refuerzo contra el Coronavirus a todos los menores de entre 6 meses y 16 años.
La decisión la tomó el titular del juzgado federal 4 de la ciudad balnearia, Alfredo López, a partir de la presentación de sendas acciones de amparo por parte de 2 particulares en representación de sus hijos menores, realizadas ambas el 1 de abril y el 16 de junio últimos con el patrocinio del reconocido abogado Julio Razona.
En un principio se unificaron 3 amparos en una sola acción, uno individual patrocinado por el Dr. Soifer, otro individual y el restante colectivo, ambos patrocinados por el Dr. Julio Razona, uno de ellos con la Dra. Acuña.
La Cámara Federal de Apelaciones resolvió que debían tramitarse por separado, en consecuencia en el amparo colectivo, fue solicitado nuevamente al Dr. Alfredo López para que se SUSPENDA la vacunación en niños a partir de los seis meses, habiéndose agregado la documentación en cuanto a la toxicidad de las vacunas, pericias llevadas a cabo por Lorena Di Blasi.
En Argentina, la Lic. Biotenología Lorena Diblasi, una biotecnóloga de renombre internacional, ha sido una de las denunciantes en este tema. En una entrevista reciente, la Dra. Diblasi explicó que había analizado los componentes de las vacunas y había encontrado una serie de elementos que pueden ser perjudiciales para la salud, a saber: Se detectaron los siguientes elementos químicos NO DECLARADOS en la composición de cada marca: Cobre, Bromo, Titanio, Silicio, Aluminio, Flúor, Hierro, Cromo, Manganeso, Cesio, entre otros.
Descripción de Lic. en Biotecnología Lorena Diblasi
El Juez Federal López resolvió que los amparos deben afectar a los demandantes e hizo lugar a la medida cautelar ordenando que se exija una orden de un médico responsable que garantice al inyectado que no sufrirá secuelas. Se ha acompañado mas de 170 documentos sobre el motivo por el que se debe suspender definitivamente las vacunas y pruebas periciales para investigar, en la etapa del plenario el contenido tóxico de los viales. Todo ello con una enorme cantidad de apelaciones, trabas y dilaciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación, parte demandada. En ninguna parte de la resolución en el amparo colectivo el Dr. López ha dicho que deja de serlo.
La medida judicial también sostiene que “no se podrá, en ningún caso, proceder a inocular a los actores afectados en ausencia de prescripción”. En la misma, se debe identificar por parte del profesional “no sólo los datos del menor, sino el tipo y dosis de fármaco que resulte adecuado a su criterio para el caso concreto”.
Además, define a la solicitud de la prescripción como “requisito esencial y excluyente para los actores afectados intervinientes en el presente proceso”. La decisión apunta tanto al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Salud de la Nación, y a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, “en debida articulación con las autoridades sanitarias provinciales y municipales”.