La decisión se formalizó mediante la Resolución 36/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y busca moderar el impacto de la medida en la inflación, en un año marcado por las elecciones legislativas.
Inicialmente, el plan contemplaba una reducción abrupta del porcentaje subsidiado, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la metodología previa fue un “error” y que se optó por un esquema gradual. “Con este ajuste, las tarifas de los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3) tendrán aumentos similares a los de los usuarios de ingresos altos (N1)”, señalaron fuentes del sector energético.
El esquema de reducción de subsidios, diseñado como parte del “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, estaba previsto para finalizar en mayo de 2025, pero podría extenderse hasta octubre.
El ajuste en los subsidios a la energía se enmarca dentro de la política de superávit fiscal impulsada por el Gobierno. En 2024, la reducción de subsidios fue del 35,5%, lo que representó una caída de USD 9.683 millones (1,5% del PIB) a USD 6.252 millones (1%). Esta reducción estuvo asociada a los aumentos tarifarios y a la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, que permitió reducir las importaciones y bajar los costos internos de abastecimiento de gas y electricidad.
En términos de recaudación, datos preliminares indican que los ingresos tributarios del primer mes de 2025 crecieron un 5,6% interanual en términos reales. La tendencia se alinea con una previsión de crecimiento económico del 5% para el año, lo que permitiría sostener los ingresos en relación al Producto Interno Bruto.
En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una audiencia pública para definir la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT). Empresas transportistas y distribuidoras de gas presentarán propuestas de inversión por un total de USD 1.000 millones en los próximos cinco años. Las compañías buscan una actualización de sus ingresos de entre el 45% y el 57%, lo que implicaría un incremento en las tarifas finales del 20% al 25%, aunque el Gobierno ya adelantó que no avalará esos niveles de ajuste.