El magistrado había convocado al gobierno y a la farmacéutica Pfizer, cuya vacuna es la que se aplica de forma voluntaria a menores en Uruguay, para exigir información detallada de las inmunizaciones administradas durante la pandemia y de los contratos firmados.
El Gobierno había alertado ayer que la demanda no estaba bien formulada, porque no incluía un reclamo concreto para que se suspenda la inoculación pediátrica y había cuestionado la imparcialidad del juez, quien dio opiniones previas “tanto relativizando los efectos y gravedad de la pandemia, como cuestionando el rol de la ciencia”.
Sin embargo, Recarey le dio la derecha al demandante y no al Gobierno asegurando que “si bien es cierto que en la formulación literal del petitorio contenido en la demanda no figura la pretensión, esta sí está claramente plasmada” en el espíritu de la solicitud.