El Gobierno rechazará el pedido de nulidad que presentó Cristina Kirchner para impedir que le quiten su jubilación de privilegio. La expresidenta solicitó que le restituyan la asignación especial de $21.000.000 netos mensuales a través de un recurso expuesto ante la ANSES, que preside Mariano de los Heros.
La presidenta del Partido Justicialista, a través de su abogado Facundo Fernández Pastor , presentó un reclamo administrativo contra la decisión de suspender su pensión vitalicia. En la presentación, se argumenta que la medida “viola los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional” y denuncia que no fue notificada de manera adecuada. Además, solicita la devolución de las sumas retenidas con intereses y costas.
Desde Casa Rosada han decidido no dar lugar al reclamo administrativo, anticipando que el conflicto será llevado al ámbito judicial. Fuentes oficiales reconocen que en caso de llegar al Contencioso Administrativo , el Estado podría perder la disputa, admitiendo que la medida tuvo un propósito más discursivo que jurídico.
La suspensión fue promovida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , sin contar con el aval del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra , lo que ha generado críticas internas en el oficialismo. Algunos sectores acusan a Pettovello de responder a una agenda judicial vinculada al expresidente Mauricio Macri .
El Gobierno también se ampara en el artículo 29 de la Ley 24.018 , que establece que las pensiones vitalicias no son aplicables a quienes hayan sido removidos por mal desempeño . Además, se señala que los delitos dolosos que implican enriquecimiento ilícito y atenten contra el sistema democrático configuran un estado de indignidad , citando como precedente la derogación de beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983.
Desde el Ejecutivo, se mantiene firme la postura de que estas asignaciones especiales son incompatibles para aquellos que, en el ejercicio de la función pública, hayan cometido graves delitos contra el Estado, afectando su patrimonio y la confianza pública.