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JUJUY EN PIE DE LUCHA, EL PODER POLÍTICO CONTRA LA SOBERANÍA DEL PUEBLO

FUENTE: TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

Organizaciones aseguran que la reforma fue aprobada “de espaldas al pueblo” y que “concentra un poder abusivo en el Poder Ejecutivo en desmedro de la sociedad”.

Mañana martes, jurarían los constituyentes. La reforma de Gerardo Morales en Jujuy sigue siendo objeto de disputa política. Durante el sábado, el gobierno provincial a través de la fuerza policial uso la represión en contra de su pueblo en desacuerdo, la gravedad es evidente desde el punto de vista democrático, desde Abra Pampa hasta Purmamarca,  exigían que se dé marcha atrás con la aprobación del nuevo texto constitucional.

La brutal represión, acompañada por la detención ilegal de más de 40 personas en el penal de Alto Comedero, cerró 10 días de intensas protestas, en el marco de la discusión y aprobación de la reforma de la carta magna provincial.

La votación, el jueves a la noche, se produjo después de “un pacto” entre radicales y peronistas, como denunciaron constituyentes de izquierda, que renunicaron en protesta a sus bancas.

Para el CELS, la discusión también “se hizo a las apuradas y sin permitir discusiones fundamentales”. El organismo mandó una carta a los constituyentes donde reconstruye la línea de tiempo de la discusión y aprobación del nuevo texto constitucional y asegura que el proceso de reforma tuvo gravísimos problemas de procedimiento y de contenido.

“Los debates que debían extenderse durante 90 días fueron acotados a tres semanas. En todo momento se evidenció la falta de voluntad política para promover la participación de los distintos sectores de la sociedad y de generar espacios de discusión respecto de temas críticos para les habitantes de Jujuy”, denuncia.

De acuerdo al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que viajó a la provincia este domingo, “una Constitución es la redacción de principios básicos de convivencia que se dan los pueblos. Una Constitución que busca imponerse a represión por un Gobierno, jamás puede reunir esas condiciones”. Pietragalla le pidió a Morales “que baje las armas y escuche a su pueblo”.

Pueblos Indígenas

La Nación Kolla denunció que la reforma inconsulta de la Constitución Provincial “atenta contra los procesos institucionales”, sobre todo porque no respeta el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que obliga a los estados a realizar la consulta previa, libre e informada antes de avanzar con acciones que influyan en las comunidades o en sus territorios. Esa notmativa tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional y, por ende, no puede ser pasado por encima por ninguna legislación provincial.

Mientras que el artículo 4 del Convenio de la OIT contempla la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Y establece que dichas medidas especiales no deben ser contrarias a los deseos expresados libremente por los Pueblos Indígenas.

Pero fundamentalmente, los elimina del texto constitucional, negándoles reconocimiento. Y habilita la privatización de tierras donde habitan comunidades para explotar sus recursos.

Narciso López, sobreviviente del «Primer Malón de la Paz», remarcó en el lanzamiento de la caminata: «nos están desmantelando, nos están quitando todo. Ellos son capaces porque nos ven a nosotros desvalidos, porque no tenemos mucha experiencia, y ahora hay jóvenes que tienen que luchar por nosotros», expresó.

Derecho a la protesta

En relación con el derecho a la protesta, la Constitución que estaba vigente en la provincia reconocía y garantizaba los derechos a la libertad de expresión, de reunión y
manifestación, de petición y de libertad de asociación (arts. 31 a 34).

En lugar de ampliar y profundizar estos derechos de acuerdo a los nuevos desarrollos de los estándares regionales e internacionales, la nueva reforma los limita y bloquea en pos de un llamado “derecho a la paz social”, un eufemismo tras el que se esconden medidas de restricción de aquellos derechos, en particular, el derecho a la protesta, por medio de la prohibición de muchas formas de manifestación pública y la potencial criminalización para quienes organicen o participen en esas mmovilizaciones.

La Intergremial, que constituyeron una gran cantidad de sindicatos docentes y estatales de la provincia, realizó una conferencia de prensa donde advirtió que la nueva reforma constitucional “viene por nuestros derechos” y que “lo que viene a hacer es a aplicar y darle rango constitucional a una política de ajuste y de precarización, que pretende enmudecer los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de esta provincia”, explicaron.

Para los sindicatos, se trata de “una Constitución que hunde en un Neoliberalismo decadente a derechos históricos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales», remarcó la Intergremial.

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